Pactos de Estado

Hubo un tiempo en el que nadie discutía sobre la necesidad de preservar determinados espacios de la política nacional a resguardo de la dialéctica gobierno-oposición. En política internacional se trataba de proyectar al exterior una sola posición, con objeto de que nuestros interlocutores internacionales supieran a qué atenerse y, por supuesto, para hacer más fuerte nuestra posición exterior. Algo parecido ocurría con la política de defensa, que afectaba a elementos nucleares de la soberanía nacional y reclamaba proyectos de largo plazo que superaban los períodos legislativos. También la política territorial se desarrolló en los primeros decenios de la democracia sobre la base de acuerdos explícitos entre los dos grandes partidos. La lucha contra el terrorismo produjo acuerdos básicos entre los dos grandes partidos que -salvo excepciones que mejor no citamos- guiaron la extraordinaria victoria de la democracia contra la violencia.

Hay materias en las que España ha obtenido éxitos notables que han sido consecuencia de políticas sustentadas en acuerdos tácitos o expresos entre sus fuerzas políticas o entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. La formación profesional, siguiendo por cierto, el modelo vasco, es actualmente uno de esos grandes logros como país. El Pacto de Toledo y el sistema de pensiones de la Seguridad Social es otro. Podríamos añadir el desarrollo de nuestra red de carreteras, ferrocarriles y telecomunicaciones como una de las mejores del mundo, y otros.

Hoy, todo esto parece utópico. Nuestro giro en el Sáhara con Marruecos, en mi opinión inteligente y valiente, no tiene el aval del PP y nadie sabe si un gobierno diferente alterará una posición que hoy mantienen las principales potencias europeas y mundiales. El papel del Ejecutivo en Oriente Próximo y en América Latina es objeto de constante lucha partidaria tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El último y lamentable caso ha sido en Europa, en el tema de los idiomas regionales, hasta el punto de poner a nuestros socios europeos en delicadas y difíciles situaciones por recibir mensajes contradictorios del Gobierno y de la oposición.

El debate sobre la defensa europea ha penetrado nuestro particular patio nacional en uno de los momentos más dramáticos de la Unión. Merecemos un debate serio y profundo sobre las legítimas y diferentes opiniones que este tema suscita y sobre las evidentes consecuencias presupuestarias que conlleva. Los alemanes, por ejemplo, lo han tenido, hasta el punto de proceder a una reforma puntual de su Constitución mediante un amplio acuerdo de populares, socialistas y verdes. España deberá tomar decisiones que superan a la actual mayoría gubernamental y el actual periodo de sesiones.

Hay temas que están reclamando pactos de Estado porque no hay otra forma de abordarlos, en un Estado compuesto como el nuestro, si no es mediante acuerdos que comprometan el entramado administrativo y legislativo del Estado autonómico. Dos ejemplos destacan sobre otros: la vivienda y la inmigración.

No por casualidad, el PNV y el PSE han solemnizado su acuerdo en materia de vivienda en una reforma legislativa, recientemente presentada, sabedores de que su eficacia se multiplica al contar con la mayoría de los ayuntamientos vascos en los que ellos gobiernan. Pues bien, de igual forma, un acuerdo que integre al Gobierno central, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos es primordial en España para enfrentar el mayor problema social del momento para nuestros jóvenes. Lo mismo podríamos decir del tema migratorio. Resulta patético observar que no somos capaces de distribuir a 5.000 menores que han llegado a una sola comunidad y que tenemos que repartir no solo por justicia para con esa comunidad, sino por exigencia moral con los cuidados y la educación de esos menores.

Podríamos seguir con otros temas básicos: financiación autonómica, sistema energético... Sería demasiado simple decir que la legislatura está marcada por una coalición dispar y que la oposición no quiere ayudar porque desde su inicio busca derribarla. Pero, admitidas la respectivas estrategias, la pregunta es pertinente: ¿No caben pactos de Estado que no alteren los legítimos intereses políticos de unos y otros? Al Gobierno le corresponde proponerlos, a la oposición negociarlos y aceptarlos y a la opinión pública, exigirlos y premiarlos.