Euskadi volverá a exigir ser propietario o tener contrato de alquiler para cobrar la RGI

La idea es que esta medida vuelva a estar en vigor antes de que finalice el año. El pasado mes de marzo, este mismo requisito fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras el recurso de colectivos sociales. La cuestión es la siguiente. A finales de 2022, se aprobó una nueva Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, que reducía los años de empadronamiento de algunos colectivos como familias con hijos, víctimas de violencia de género o refugiados para facilitar el acceso a la prestación a las personas «más vulnerables».

Algunos aspectos de esa norma se desarrollaron en un reglamento posterior, que entró en vigor en 2024. Y fue ahí donde se introdujo la obligatoriedad de contar con un título válido en derecho. Desde el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo planteaban esta medida como una fórmula para evitar que los okupas se beneficiaran de la principal prestación social vasca. «Lo único que solicitamos con ese artículo, y que nos parece lógico, es que para recibir la RGI la persona que dice que vive en una casa, lo haga de acuerdo con el propietario de esa casa, que no esté ocupando sin permiso», subrayó el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui. Añadió que «está pensado para ocupaciones, pero también en situaciones donde una abuela deja a su nieto una casa simulando una independencia que realmente no existe».

Sin embargo, varias entidades sociales apreciaban que ese requisito dejaba fuera de la RGI a «los sectores más precarizados y empobrecidos» al tiempo que les «criminaliza» al asumir que «todo el que vive sin contrato lo hace ilícitamente». A comienzos del pasado año, Argilan-ESK, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Berri-Otxoak presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV contra el artículo del reglamento que obligaba a presentar ese título.

Los magistrados dieron la razón a los demandantes y anularon ese precepto, de manera que, por el momento, vuelve a ser suficiente con cumplir los plazos exigidos en el empadronamiento -además de cumplir los criterios económicos de vulnerabilidad- para optar a la RGI. La sentencia no valoraba el contenido del artículo, sino que establecía que ese desarrollo posterior de la normativa iba más allá de lo contenido en la ley de 2022. «Si la ley no ha efectuado tal delimitación negativa (...), el reglamento no puede introducir ex novo un requisito subjetivo de titularidad posesoria del marco físico objetivo, disfrazándolo o enmascarándolo como un requisito de lo que haya de considerarse domicilio», recogía el fallo. Es decir, ponía el acento en que un reglamento no puede introducir nuevos requisitos no previstos en la ley, texto siempre de rango superior. De ahí que la consejería que dirige Mikel Torres no recurriera y, sin embargo, sí avanzara que iban a buscar una fórmula para modificar la ley de la RGI para dar cobertura legal al requisito.

Su inclusión como disposición adicional en la Ley de Vivienda que tramita el Ejecutivo llega en un momento en que Eudel, la asociación de municipios vascos, ha pedido a los ayuntamientos que faciliten el empadronamiento de personas sin hogar en recursos municipales para darles acceso, entre otros, a la antiguedad necesaria para cobrar ayudas sociales. Este documento es la llave de acceso a «múltiples derechos» como «la asistencia sanitaria, los servicios sociales y el acceso al sistema de inclusión social», señaló Eudel.